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El Capítulo 11 es un marco jurídico estadounidense que permite a las empresas con problemas financieros reorganizarse bajo supervisión judicial mientras continúan operando. Proporciona un proceso estructurado cuyo objetivo es preservar valor en lugar de forzar la liquidación. Sus características clave incluyen la suspensión automática (automatic stay), que detiene la mayoría de las acciones de cobro; el estatus de deudor en posesión, que permite a la dirección permanecer al mando bajo supervisión; y herramientas de reestructuración que facilitan la renegociación de obligaciones y el acceso a nueva financiación.
Estas herramientas hacen del Capítulo 11 una opción atractiva para grandes grupos internacionales que buscan soluciones globales. Un aspecto crucial es que las empresas extranjeras también pueden acogerse a este proceso si cumplen el umbral de elegibilidad estadounidense. Esto solo requiere una presencia mínima, como un lugar de negocios, una cuenta bancaria o una reserva pagada a un abogado en EE. UU. Esto plantea una pregunta urgente para los acreedores europeos: ¿hasta dónde llega el alcance del derecho concursal estadounidense?
Las resoluciones de tribunales estadounidenses no son automáticamente ejecutables en la UE, incluso si involucran filiales europeas. Sin embargo, las decisiones adoptadas en un procedimiento de Capítulo 11 pueden tener efectos prácticos significativos en el extranjero, y los acreedores pueden verse obligados a respetar ciertas restricciones.
Consideremos el ejemplo de un grupo estadounidense con filiales en la UE. Si la sociedad matriz solicita acogerse al Capítulo 11, ¿qué ocurre con sus filiales europeas y con sus acreedores? Según el Reglamento de Insolvencia de la UE, el Centro de Intereses Principales (COMI) determina dónde pueden abrirse los procedimientos principales. Las filiales de la UE con COMI dentro de la Unión normalmente requieren procedimientos locales separados para asegurar su protección y reconocimiento.
Aun así, los tribunales de bancarrota de EE. UU. suelen reclamar jurisdicción sobre las filiales extranjeras cuando la matriz presenta una solicitud. En el derecho estadounidense, los bienes del deudor incluyen activos “ubicados en cualquier parte”. Esto significa que la suspensión automática se aplica a nivel mundial a las acciones contra el patrimonio del deudor. En la práctica, las filiales mencionadas en la petición pueden quedar cubiertas incluso si no han iniciado procedimientos propios a nivel local. Este enfoque refleja la amplitud de la jurisdicción estadounidense y el bajo umbral de elegibilidad.
Para entender por qué las órdenes estadounidenses pueden afectar a entidades extranjeras, conviene distinguir dos conceptos:
Si una filial europea mantiene dichos lazos con EE. UU., el tribunal puede ejercer jurisdicción personal. Esto hace que sus órdenes sean efectivamente vinculantes, incluso si la legislación de la UE no las reconoce formalmente.
La ejecución en el extranjero depende del reconocimiento local, pero muchos acreedores extranjeros cumplen voluntariamente para no arriesgar su acceso al mercado estadounidense. Ignorar órdenes de tribunales estadounidenses —como intentar cobrar deudas cubiertas por la suspensión automática— puede conllevar consecuencias graves: declaraciones de desacato, multas o restricciones comerciales dentro de EE. UU. Este impacto global, a menudo enfatizado por los abogados estadounidenses, es en parte una realidad jurídica y en parte una ventaja estratégica para los deudores que buscan protección mundial bajo el Capítulo 11.
Una vez presentado el Capítulo 11, la suspensión automática bloquea todos los esfuerzos de cobro de facturas anteriores a la solicitud. Los deudores no pueden pagar dichas deudas salvo que el Código de Bancarrota o el tribunal lo permitan. Los acreedores pueden negociar el reembolso como parte del plan de reorganización, pero cualquier acuerdo necesita aprobación judicial. Presentar una reclamación ante el tribunal de bancarrota estadounidense implica aceptar el proceso y puede abrir la puerta a negociaciones sobre pagos y futuras relaciones comerciales.
La insolvencia transfronteriza es compleja y de alto riesgo. Para acreedores y proveedores, comprender el impacto global del Capítulo 11 es esencial. En caso de duda, es recomendable buscar asesoramiento legal especializado. En un mundo interconectado, una bancarrota estadounidense puede tener consecuencias europeas..
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